Llama la atención unas declaraciones publicadas en la prensa por parte del representante de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), en las que señala que los hospitales públicos no tienen estructuras de facturación adecuadas para ser contratados por las administradoras de riesgos de salud, mientras muchos de sus afiliados deben ser atendidos en estas instituciones.
Miles de los inscritos en las administradoras de riesgos de salud (ARS) privadas, son personas de escasos recursos, que devengan salarios muy bajos y se ven precisados a utilizar los servicios de los hospitales, ya que no pueden cubrir el copago ni las cuotas moderadoras que cobran las prestadoras de servicios de salud (pss) del sector privado.
Los hospitales públicos en las áreas de emergencias, pacientes en muy malas condiciones de salud, y muchos de ellos tienen que ser ingresados en las áreas de hospitalización o cuidados intensivos de estos centros, generando costos altos para estas instituciones. Esta problemática provoca que los fondos destinados a pacientes del régimen subsidiado, y a los que no están asegurados, se utilicen en usuarios cuyos gastos deben ser asumidos por las respectivas ARS, ya que reciben un per cápita para cubrir las eventualidades de salud de estas personas.
Resulta una incongruencia que las ARS privadas se nieguen a realizar contratos con los hospitales públicos tradicionales, y por lo tanto a pagar los servicios, arguyendo que éstos no tienen la estructura tecnológica para facturar, y que posiblemente no cumplan con los requerimientos de calidad de las administradoras de riesgos de salud; mientras una gran parte de sus afiliados siguen utilizando esos servicios de manera voluntaria, ahorrándole costos a las ARS y cargándoselos a Estado. Esto constituye una transferencia de recursos indirecta, del sector público al sector privado, que en definitiva se traduce en aumento de los dividendos de los accionistas de las ARS y un crecimiento de la brecha de desigualdad existente en República Dominicana.
La ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, en su artículo 14, párrafo II, plantea que: “Toda administradora de riesgos de salud, habilitada en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social, está obligada a establecer convenios y contratos con los establecimientos y servicios del SNS, para la prestación de servicios a sus afiliados”. Si la mayoría de las prestadoras del Servicio Nacional de Salud, facturan al régimen subsidiado, ¿por qué las ARS argumentan que los hospitales no están preparados para facturar al régimen contributivo?
Es de rigor que esta situación sea enfrentada por las autoridades correspondientes, puesto que la problemática vulnera los derechos de los afiliados de elegir libremente la prestadora de servicios, y afecta los costos de los hospitales Las ARS deben adecuar su red de prestadores a las posibilidades económicas de sus afiliados, contratando los hospitales públicos o buscando un mecanismo para pagarle los gastos incurridos por sus usuarios en los centros estatales.
Mirian Matos, economista
